UNA MUJER LOGRA EL PERDÓN DE UNA DEUDA DE 214.395 € CON LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

La mujer, con cuatro hijos pequeños, se endeudó con préstamos al consumo solicitados junto a su ahora exmarido.

Los titulares de las hipotecas HMD ven cómo su deuda no deja de aumentar

"Cada vez son más deudores de buena fe los que se acogen a la llamada ley de segunda oportunidad y el juzgado, si cumplen las condiciones exigidas, se la concede. De esta forma pueden volver a empezar su vida desde cero y su horizonte es otro". 

La mujer, madre de cuatro hijos pequeños, está ganando actualmente un sueldo de 1.200 euros con el que difícilmente podía satisfacer esa carga financiera, pero tampoco vivir ni sacar a sus hijos adelante, puesto que le estaban embargando parte del mismo hasta dejarle el salario mínimo interprofesional.

La beneficiaria de esta medida contrajo la deuda con préstamos al consumo, para la vivienda y el gasto del día a día que pidió con su ahora exmarido. Ella no es autónoma ni pequeña empresaria, sino trabajadora por cuenta ajena. Aunque la mayoría son deudas en común con su exesposo y actualmente continúan siendo titularidad de los dos, ella solicitó el perdón del pago y se lo han concedido.

 

Lo que la ley llama "exoneración del pasivo insatisfecho" se otorga siempre y cuando el interesado cumpla determinadas condiciones que permitan considerarle como deudor de "buena fe". Estos requisitos son que el concurso no haya sido declarado culpable; no haber sido condenado por sentencia firme por delitos económicos, contra los trabajadores o la Hacienda Pública y la Seguridad Social; haber intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos y haber satisfecho los créditos contra la masa, sin que conste la existencia de créditos privilegiados, como una hipoteca o a la Seguridad Social.

En el auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Zaragoza recoge que en este caso la deudora se comprometió a abonar la minuta por los honorarios devengados en el acuerdo extrajudicial de pagos. Indica igualmente que ha colaborado en todo momento con la administradora concursal.

Otra de las exigencias es no haber obtenido este beneficio dentro de los diez años anteriores, lo que tampoco sucede, ni haber rechazado ninguna oferta laboral. En el caso de la zaragozana está en activo y trabajando por cuenta ajena.

Ahora, como aceptó expresamente, la deudora queda inscrita en el Registro público concursal durante cinco años. En este plazo puede revocarse el beneficio del perdón si existieran, por ejemplo, ingresos ocultados o mejorase sustancialmente su situación económica (bien con el cobro de una herencia o un premio de lotería) de tal forma que pudiera pagar sus deudas. Tras ese periodo, el perdón es definitivo.

Una norma para no estar castigado de por vida 

La llamada ley de la segunda oportunidad para autónomos y particulares entró en vigor en 2015. La norma surgía en mitad de una dura crisis económica que había abocado al fracaso a miles de pequeños negocios, cuyos titulares se veían obligados a cargar con las deudas pendientes para siempre y castigados de por vida al no poder satisfacerlas. Lo mismo les ocurría a particulares endeudados por créditos.

Hasta ese momento, como recoge el Código Civil, el deudor debía responder a sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, lo que les impedía emprender cualquier actividad para poder encarrilar de nuevo su vida. Al menos limpiamente, pues muchos no encontraron otra salida que trabajar en negro.

 

La legislación concursal, reservada hasta entonces para las empresas, se abría a todas las personas, incluyendo a los hipotecados amenazados por los desahucios y los autónomos que avalaran su negocio con su patrimonio personal. A pesar de que cada vez son más los que recurren a ella, aún hay muchos ciudadanos que la desconocen

 

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La Ley de Segunda Oportunidad surge como la tabla de salvación a la que pueden agarrarse los autónomos que hayan adquirido deudas con un banco o una entidad privada de crédito.

La Ley de Segunda Oportunidad, a grandes rasgos, tras un fracaso económico, empresarial o personal, permite que la persona tenga una segunda oportunidad y pueda rehacer su vida sin tener que arrastrar deudas de forma indefinida y que difícilmente podrá satisfacer a lo largo de su vida.

Permite renegociar la forma en que se devolverán las deudas para que la persona afectada pueda hacer frente a sus gastos de vivir. 

En el caso de que no se llegue a un acuerdo, un juez podría cancelarla o exonerar de la misma al deudor a través de la solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho o BEPI.

Técnicamente se la conoce como Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Fue aprobada en 2015.

Esta norma amplía, desde el pasado 2 de julio de 2019, los tipos de deuda que pueden cancelarse con la aplicación de la Ley, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo que sentenciaba que los créditos públicos debían ser incluidos en la Ley de la Segunda Oportunidad.

El fallo otorga la capacidad a los tribunales de exonerar un porcentaje que puede llegar a superar el 70% de las deudas con Hacienda y Seguridad Social, en algunos casos, y de ordenar, limitar y cuantificar el fraccionado de los pagos del resto de la deuda.

En países como Italia, Alemania o Francia, en los que existe esta regulación desde hace algo más de 7 años, ya se están acogiendo entre 100.000 y 180.000 personas al año.

En España, según el Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), tan solo se han acogido 9.000 personas desde su entrada en vigor.

¿CUÁLES SON LOS DOS REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA LEY? 

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Son estos:

  1. – DEMOSTRAR QUE NO PUEDE PAGAR SUS DEUDAS

Para presentar un modelo de solicitud de la Ley de Segunda Oportunidad, la persona física o autónomo que se encuentre en situación de quiebra y quiera eliminar sus deudas debe poder demostrar que se ha liquidado todos sus bienes o patrimonio en el concurso y que no puede hacer frente a las exigencias de los deudores.

Es decir, el particular o autónomo no puede tener ni dinero, ni activos.

Si no, significaría que aún puede pagar.

  1. – ACREDITAR QUE SE HA PROCEDIDO DE BUENA FE 

ABOGADOS EN CARABANCHEL . La interpretación o no de si ha existido buena fe es muy controvertida en la Ley de Segunda Oportunidad. Por normal general se considera que ha obrado de buena fe cuando:

  • Ha negociado o intentado lograr un acuerdo sobre la deuda antes de iniciar el concurso.
  • No ha provocado de forma voluntaria su situación de insolvencia para acogerse a esta ley.
  • No se ha acogido a la ley en los diez últimos años: teniendo en cuenta que la Ley de Segunda Oportunidad es de 2015, si alguien se ha acogido ya, no podría volver a la segunda oportunidad.
  • No haya cometido delitos de tipo económico de ningún tipo.
  • No haya rechazado dentro de los 4 años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo “adecuada a su capacidad”.

Como explican desde Reclama Por Mí, toda persona o particular que esté tentado de ocultar parte de sus bienes o dinero en la Ley de Segunda Oportunidad, debe saber que no sería legal y si lo oculta deliberadamente no puede acudir a este mecanismo porque se entendería que existe mala fe”.

 

 

 

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