La reforma de la Lecrim, que entrega la instrucción a los fiscales, ha sido muy criticada por el colectivo

El cambio de Gobierno realizado por el presidente Pedro Sánchez este sábado ha supuesto la salida de Justicia de Juan Carlos Campo y su sustitución por Pilar Llop, ambos jueces de carrera y, por tanto, con un perfil similar, lo que puede ayudar a que el retraso que conlleva todo relevo no resulte grave, al menos, en las grandes apuestas de la legislatura que están aún pendientes en la cartera, como la reforma del Código Penal, la entrega de la instrucción a los fiscales y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada desde hace más de dos años por el PP.

(Abogados penalistas en Carabanchel). Apenas tres semanas después de concedidos los indultos a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo, el cambio al frente del Ministerio de Justicia llega en un momento en que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, cuyo pilar fundamental es que los fiscales asuman la instrucción, ha sido fuertemente contestada por el ministerio público. De hecho, hasta el consejo fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, ha emitido un informe muy crítico con la reforma. Llop tiene el reto de incorporar sus propuestas al texto para cuando vuelva en segunda vuelta al Consejo de Ministros.

(Abogados penalistas en Carabanchel). La reforma de la que más se ha estado pendiente durante la legislatura ha sido la del Código Penal para modificar el delito de sedición, de tal forma que se hubiera castigado de forma más proporcional lo ocurrido en Catalunya. También está previsto reformar los delitos enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona para impedir que una canción pueda llevarte a prisión, como ha ocurrido con algún rapero, como Pablo Hásel. Con independencia de lo avanzados que puedan estar estos trabajos de puertas para dentro, la realidad es que su evolución no ha trascendido y la concesión de la medida de gracia ha restado urgencia a la modificación.

Varias renovaciones

(Abogados penalistas en Carabanchel).  Entre las prioridades que la hasta ahora presidenta del Senado también tendrá sobre la mesa estará la renovación del CGPJ, pendiente desde hace más de dos años. Ello pese a que su antecesor fue vocal del órgano de gobierno de los jueces, bajo la presidencia del fallecido Francisco Hernando. En él coincidió con Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, y ambos abordaron en un primer momento la renovación, que estuvo próxima en varias ocasiones.

(Abogados penalistas en Carabanchel). Sin embargo, el PP mantiene un bloqueo para el que ha alegado sin tapujo alguno aspectos políticos que nunca hasta ahora habían sido tenidos en cuenta para renovar la institución, según lo que establece la Constitución, lo que permite augurar que Llop tendrá difícil tener más éxito que su antecesor, aunque también la conoce, porque ha sido letrada de su gabinete técnico entre 2011 y 2015.

Aunque el CGPJ es el caso más sangrante, por el tiempo que lleva en funciones, también está pendiente de renovación un tercio del Tribunal Constitucional y en breve que sumarán los consejeros del Tribunal de Cuentas, cuyo mandato de nueve años está próximo a concluir.

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