NO ME PUEDO PAGAR LA HIPOTECA NI ACOGERME A LA MORATORIA. ALTERNATIVAS

Las medidas del Gobierno pueden no llegar a todos los damnificados por el coronavirus.

 

La moratoria decretada la semana pasada por el Gobierno dará un respiro a muchos hogares afectados por el coronavirus que no puedan pagar su hipoteca a fin de mes. Sin embargo, no todo el mundo podrá acogerse a esta medida, pues para ello es necesario reunir unos requisitos que no cumplen todas las familias que atraviesan problemas económicos por culpa de esta crisis sanitaria.

Para ellas, sin embargo, existen otras soluciones que se pueden aplicar para evitar sanciones por demora por parte de las entidades financieras, como acogerse al Código de Buenas Prácticas o acordar una carencia o una extensión del plazo.

REQUISITOS QUE NO TODO EL MUNDO CUMPLE

Para empezar, para poder acogerse a la moratoria hipotecaria aprobada por el Ejecutivo es imprescindible haberse quedado en situación de desempleo o, en caso de ser autónomo o empresario, haber perdido al menos un 40% de las ventas. Eso excluye, por ejemplo, a los trabajadores a los que se les haya reducido la jornada y el sueldo o a los que tarden más de la cuenta en cobrar su salario de este mes.

Además, hay que cumplir una serie de condiciones adicionales:

  • Que la hipoteca sea sobre vivienda habitual.
  • Que los ingresos de la unidad familiar no superen los 1.613,52 euros en el mes anterior (tres veces el IPREM).
  • Que la cuota, más los gastos y suministros básicos, suponga un 35% o más de los ingresos netos de la familia del deudor.
  • Que la carga hipotecaria sobre la renta se haya multiplicado al menos por 1,3.

  

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS, ¿UNA BUENA ALTERNATIVA?

Así las cosas, ¿qué pueden hacer los que no reúnan las condiciones anteriores? Para aquellos que ya tuvieran problemas económicos antes de que llegara la crisis del coronavirus, señalan que acogerse al Código de Buenas Prácticas podría ser una buena alternativa. Se trata de un paquete de medidas para deudores en situación vulnerable que todos los bancos tienen que aplicar si se cumplen unos requisitos determinados.

Para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas no es necesario haberse quedado en el paro o haber tenido un bajón en las ventas. Aun así, sí se deben reunir otras condiciones, como que los ingresos familiares no superen los 1.613,52 euros y que la cuota del préstamo hipotecario supere el 50% de esos ingresos.

 

Además, el hogar debe haber sufrido una “alteración significativa de sus circunstancias económicas”, es decir, que el esfuerzo para pagar las mensualidades se haya multiplicado por 1,5 o que la familia sea especialmente vulnerable por ser numerosa, monoparental con dos hijos a cargo, con un miembro menor de edad o con discapacidad o con un deudor de más de 60 años.

En caso de reunir estas exigencias, el Código estipula que el banco debe aplicar una carencia parcial durante cinco años, rebajar el interés durante ese tiempo y ampliar el plazo hasta los 40 años. Si eso no fuera suficiente para que el deudor pudiera pagar las cuotas, se aplicaría una quita sobre una parte de la deuda y, si aún no fuera capaz de afrontar las mensualidades, el proceso terminaría con una dación en pago. En este último punto, el antiguo titular podría quedarse en régimen de alquiler en la misma vivienda durante dos años.

OTRAS OPCIONES PARA LOS AFECTADOS POR EL CORONAVIRUS

¿Y qué alternativas hay para los que tampoco cumplen esos requisitos?

Para ellos todavía hay esperanza, aunque la solución pasa necesariamente por pactar con el banco. Si la entidad es receptiva, se puede tratar de acordar un aplazamiento del pago, una carencia de capital para que solo se cobren intereses o una extensión del plazo para que las cuotas se rebajen, por ejemplo.

 

Pactar con el banco, eso sí, puede costar dinero, tanto si se formaliza el acuerdo con un contrato privado (por sus gastos de gestión) como si se hace a través de una novación (por sus costas de escrituración e inscripción). De todos modos, pagarlo puede ser más conveniente que afrontar las sanciones por no abonar la cuota: comisiones e intereses de demora y una mancha en el historial crediticio.

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