EL SIGUIENTE COLAPSO POR EL CORONAVIRUS SERÁ EN LOS JUZGADOS

La carrera judicial tilda de "hecatombe" el volumen de la avalancha de pleitos que viene. El Gobierno aprobará en un plazo máximo de 15 días un plan de actuación para rebajar la saturación.

 igcabogado (abogados Carabanchel)

"Una hecatombe", "una situación dramática" o un "reto enorme". Así definen desde la carrera judicial la situación a la que se enfrentarán los juzgados cuando el colapso generado por Covid-19 cese en las UCI de los hospitales españoles. Una realidad social más que previsible con la que cuenta ya el Gobierno y el Poder Judicial. No en vano el Ministerio de Justicia planea aprobar un "plan específico de actuación" en el ámbito de los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en los juzgados de lo Mercantil, para tratar de minimizar los perjuicios que el parón judicial decretado durante el estado de alarma puedan causar a los ciudadanos.

Además se trabaja a contrarreloj para buscar soluciones que agilicen la avalancha de procedimientos que se incoarán a raíz de la propia emergencia sanitaria y del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante la pandemia. Es el caso de despidos, ERE, ERTE, procedimientos de Seguridad Social, concursos de empresas, impagos, desahucios, procedimientos de familia, recursos contra sanciones impuestas por el confinamiento, etc.

De forma paralela, pero también coordinada, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha el diseño de un plan de choque para los juzgados ante la inminente reordenación de los señalamientos que se deberán llevar a cabo en las próximas semanas, a los que se sumarán ese aluvión de casos nuevos. Varias de las 108 propuestas iniciales del órgano que preside Carlos Lesmes han suscitado inquietud dentro de la magistratura. Se barajan medidas que van desde habilitar el mes de agosto hasta desincentivar las litigaciones sin fundamento mediante una condena al pago las costas procesales.

Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará en un plazo máximo de 15 días el plan de actuación para agilizar la actividad judicial tras la crisis del coronavirus.

En declaraciones a EL MUNDO, el vocal de la Comisión Permanente del CGPJ Juan Manuel Fernández asegura que "el reto es enorme. Quizás sea el mayor reto organizativo al que nos hayamos enfrentado nunca". "Es fundamental que cuando se alce el estado de alarma, y la suspensión generalizada a las actuaciones procesales, haya una estrategia diseñada para que, aquellas medidas que se hayan podido aprobar, entren en funcionamiento entonces", indica Fernández. El vocal subraya que, aunque el Consejo tiene competencias limitadas, ha optado por proponer un "plan ambicioso" de actuación que exige el acometimiento de reformas legislativas, cuya aprobación corresponderán al Gobierno. El consejero explica que se trata de "optimizar al máximo los recursos humanos y materiales" con los que se cuentan hoy en día en los tribunales sin que esa "mayor eficacia" en la gestión organizativa suponga en modo alguno "una merma de derechos y garantías de los ciudadanos".

Aunque el Ministerio de Justicia y Consejo tienen competencias diferentes, el objetivo es dar una "respuesta consensuada" a la sobrecarga de trabajo que la pandemia va a generar en los tribunales, indican fuentes del Ejecutivo. Con esa finalidad, se contará con el criterio de las autonomías que tienen las competencias transferidas en materia de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Se escuchará a las asociaciones judiciales y también se recabará la opinión de otros operadores jurídicos como procuradores, abogados o graduados sociales. El fin perseguido por el ministro Juan Carlos Campo es que la "Justicia no sea un obstáculo para la recuperación".

Un 346 por ciento de carga de trabajo

IGCABOGADO (ABOGADOS EN CARABANCHEL). Sin embargo, la realidad es que en muchos partidos judiciales se vislumbra un panorama desolador. María Jesús del Barco, juez decana de Madrid, muestra su preocupación por la situación que se va a crear en los juzgados de Madrid donde antes de la pandemia ya se necesitaba "un aumento del tercio de la plantilla". "Se nos viene encima una hecatombe", asegura la togada. "La jurisdicción social en Madrid está ya colapsada; de hecho hay 24 juzgados de lo Social reforzados en estos momentos y sería necesario crear 25 juzgados más". "Tampoco se libra la jurisdicción mercantil donde los juzgados están en la actualidad a un 346 por ciento de carga de trabajo respecto al módulo fijado por el propio CGPJ. En primera instancia, por ejemplo, todos los juzgados están por encima del 150 por ciento de carga de trabajo y muchos rondando el 240 por ciento. Esto ya es la puntilla", advierte la magistrada que considera urgente aprobar medidas de refuerzo, con más jueces y funcionarios de la Administración de Justicia, para poder hacer frente a la avalancha de procedimientos que se esperan tras el cese del estado de alarma.

En similar línea se pronuncia la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Luisa María Gómez, quien sostiene que no exagera cuando afirma que la situación a la que se va a enfrentar los juzgados de lo Social en nuestro país "va a ser dramática". "La jurisdicción social ha sido la más castigada por la crisis de los últimos años y los magistrados están haciendo desde hace mucho tiempo un sobreesfuerzo importante. La primera oleada de asuntos cuando se levante el estado de alarma va a tener un impacto brutal en los juzgados de lo Social", explica. En opinión de Gómez, se necesitarían "jueces de apoyo temporal o jueces de refuerzo para celebrar cuanto antes todos esos actos suspendidos durante el periodo de alarma. Sin embargo, en estos momentos muchos juzgados de lo Social están señalando a un año vista".

Asimismo, el magistrado de la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Raimundo Prado, explica que el ámbito contencioso es "amplísimo" siendo probable que los expedientes por la crisis generada por Covid-19 lleguen a estos juzgados "más a medio plazo que a corto plazo". Prado no duda en que se van a producir, por ejemplo, "muchas reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Estado" de familiares que acudan a la jurisdicción de lo contencioso por posibles negligencias en actuaciones sanitarias o frente a las acciones de residencias públicas de ancianos. Otro magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que prefiere permanecer en el anonimato, subraya que lo previsible es que se produzca en esta jurisdicción un "efecto en diferido" del aluvión de asuntos derivados de la crisis sanitaria. La razón es que, por ejemplo, las multas que están siendo impuestas por agentes de la autoridad a quienes se saltan el confinamiento tienen que ser recurridas primero por la vía administrativa antes de ser llevadas a los tribunales.

Reformas procesales

IGCABOGADO (ABOGADOS EN ALUCHE). Por su parte, el magistrado Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, valora como positiva la iniciativa de poner en marcha un plan de choque con un centenar de medidas "ya que hay que estar preparados para lo que se nos viene encima". En su opinión, hay que trabajar en tres líneas: de carácter organizativo con medidas de refuerzo en aquellos órganos jurisdiccionales que van a recibir más asuntos tras la pandemia; además llevar a cabo medidas referidas de agilización procesal; y, estudiar otras para los casos de la litigiosidad en masa ya existentes -como las cláusulas suelos- y los que van se van a producir por la excepcionalidad de la actual situación que atraviesa el país.

En opinión de Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, debido a que ese plan de choque no va a ser dotado "casi de ningún presupuesto", la actuación se debería centrar en "llevar a cabo reformas procesales que no mermen los derechos de los ciudadanos en las jurisdicciones social o mercantil que es donde se prevén una avalancha de asuntos". González Vega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, apuesta por "agilizar plazos procesales, buscar alternativas como la mediación y conciliación, extender los efectos de pleitos que van a ser masivos, dictar sentencias in voce en determinados procedimientos para flexibilizar las cargas de trabajo de los juzgados, reducir trámites procesales personales innecesarios o incluso habilitar el mes de agosto".

No obstante, al conocer la batería de propuestas del CGPJ, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia emitió un comunicado señalando "su radical oposición a que la respuesta a esta crisis suponga un recorte de derechos y garantías de los justiciables". Por su parte, la asociación Foro Judicial Independiente denunció que el plan del Consejo, junto a medidas de agilización procesal recoge medidas de carácter estructural y vocación de permanencia".

Por último, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, incide en conversación con este periódico en la necesidad de adoptar medidas de agilización en los meses sucesivos, que incluyan "normas de orden jurídico procesal, organizativo, de personal". Ortega explica que se deben abordar "propuestas muy concretas" ya que "cuanto más certero sea el diagnóstico, más rápido recuperaremos una cierta normalidad" en la actividad judicial. Entre las medidas contempladas por la Abogacía se encuentra que los juzgados recuperen la actividad a partir de este lunes para dar continuidad a los asuntos en trámite. Eso sí, sin admitir la presentación de nuevas causas.

abogados de familia en Carabanchel
abogados IRPH en Carabanchel
abogados divorcios en Carabanchel